La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la ONU y entró en vigor el 3 de mayo de 2008, trigésimo día a partir de la 20ª ratificación, suponiendo un hecho histórico para más de 650 millones de personas en el mundo, al situar la discapacidad en el plano de los derechos humanos. Se trata de un instrumento jurídico vinculante y exigible para todos los Estados que la ratifiquen, 40 en la actualidad, entre los que destaca España por ser uno de los primeros en adherirse y en asumir con ello el compromiso de afirmar políticas de no discriminación y medidas de acción positiva, así como de adaptar su ordenamiento jurídico interno para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos y actuar de manera independiente en todos los ámbitos de su vida. Es el primer Tratado Internacional de Derechos Humanos del siglo XXI, en cuyo proceso de negociación, el más rápido de la historia, hay que subrayar el trabajo conjunto de los gobiernos y de la sociedad civil. Ejemplo de este trabajo conjunto es la labor que se viene realizando por todo el movimiento asociativo de la discapacidad, encabezado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en colaboración con otros sectores, entidades y personas individuales que desde su esfuerzo diario consiguen que sigamos avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.